El objetivo para alcanzar el bienestar general es deber del Estado y su administración, en un marco constitucional que responda a un acuerdo fundamental: un consenso social, cultural, ético, básico en una comunidad política.
Por Carlos Hakansson. 23 octubre, 2020.
Fuente: Andina
El 25 de octubre será el plebiscito en Chile. Llama la atención los debates previos entre académicos y políticos sobre las expectativas de una probable convención constitucional, o convención mixta constitucional integrada por parlamentarios en ejercicio. Los más entusiastas coinciden que la Carta de 1980 está superada; sostienen que un nuevo texto resulta necesario para alcanzar el bienestar general prometido desde su aprobación y durante su continuidad democrática. Un descontento ciudadano surgido en un país institucionalizado, con seguridad jurídica, que ha logrado el más alto ingreso per cápita y menor índice de pobreza en la región.
El deseo de redactar la “Constitución total” es una falacia entre los países iberoamericanos, cuando la finalidad de una carta magna es concreta. Desde los clásicos, lo que es capaz de hacer el constitucionalismo se resume en la posibilidad de frenar el ejercicio arbitrario de las funciones del poder, el reconocimiento de protección de los derechos fundamentales, así como la vigencia del imperio del Derecho pronunciado por una judicatura independiente e inamovible en sus fallos. En ese marco de principios, todo lo demás son deberes de la administración a través de una eficiente gestión pública.
Cualquier descontento debe canalizarse a través de la clase política para exigir más y mejores prestaciones sociales que distribuyan mejor la riqueza. El objetivo para alcanzar el bienestar general es deber del Estado y su administración en un marco constitucional que responda a un acuerdo fundamental: un consenso social, cultural, ético, básico en una comunidad política. Es la necesidad que los bienes humanos de vida, dignidad, libertad, igualdad y propiedad se difundan a través de efectivas políticas públicas mediante prestaciones sociales que buscan superar las evidentes desigualdades en una sociedad. La Constitución sólo puede garantizar un gobierno civil que respeta las libertades ciudadanas.
(Este es un artículo de opinión. Las ideas y opiniones expresadas en él son de responsabilidad del autor).
